SEGURIDAD PÚBLICA, UN FLAGELO MUTANTE

Reconozco que ha habido logros en materia de seguridad pública, que la estrategia del estado y la coordinación con el gobierno federal arrojan resultados positivos, pero también debo aceptar que estamos muy lejos todavía de alcanzar una paz social deseable y que la percepción de inseguridad sigue siendo un reto.  De celebrarse, la disminución de delitos de alto impacto, sobre todo homicidios, rubro en el que se ocupa el primer lugar nacional desde 2017 y en el que, por primera vez, esa posición, gracias a la tendencia actual, se abandonó en septiembre de este 2025 que cerró con 150 víctimas fatales, la cifra más baja en los últimos ocho años.

 

Un reciente boletín oficial consigna que esa reducción es del 47% en comparación con septiembre de 2024, cuando se registraron 282 casos, y destaca que el promedio diario de asesinatos pasó de 9.4 en septiembre de 2024 a 5 en septiembre del año que transcurre, consolidando cuatro meses consecutivos de tendencia a la baja.

 

Sin embargo, lamentablemente basta con hojear un periódico, consultar la versión digital de cualquiera de ellos o escuchar o ver cualquier noticiero en la radio o en la televisión para darnos cuenta de que la nota policíaca o “nota roja” sigue ocupando espacios que dan cuenta de la realidad, de la inseguridad que todavía nos azota.

 

 

 Ocasionalmente nos conmueven masacres y vemos cómo la delincuencia organizada incursiona o intensifica su participación en delitos como el robo de transportes de carga con apoyo de inhibidores de señal, o las extorsiones, reales o virtuales.

 

Además, si bien es innegable que disminuyen los homicidios -en su mayoría ejecuciones- Cada día vemos noticias relacionadas con la desaparición de personas y la aparición de fosas clandestinas, fenómenos que mantienen en angustia permanente a miles de madres.

 

Tengo claro que el Poder Legislativo debe asumir la parte que le corresponde para contener la violencia por parte de un crimen organizado que se ha especializado en aprovechar la tecnología para cometer cierto tipo de delitos y en usar artefactos explosivos para atentados que siembran terror entre la población.

 

 

En este primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, el GPPRI propuso siete reformas al Código Penal, tres a diversas leyes y la creación de dos normas más para regular los “anexos” y para prohibir, en medio de esta crisis de inseguridad, la apología del delito o rendir culto a personajes relacionados con el crimen organizado.